202006.03
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Impugnación de multas por salvoconductos

A partir del 16 de marzo de 2020, mediante el decreto ejecutivo 1017, se declaró el estado de excepción en el territorio nacional, restringiendo de esta forma el derecho a la libertad de movilidad y circulación de todos los ciudadanos, con excepción de las personas que cuenten con un salvoconducto, que les permita circular libremente con el objetivo de cumplir sus labores, aquellas autorizadas por el COE Nacional.

A medida que ha pasado el tiempo, se ha ido restableciendo la circulación vehicular, de una manera menos restringida, pues a la presente fecha, existen más actividades aprobadas por el COE y por lo tanto más emisión de salvoconductos; así como, los cantones que se encuentren en semáforo amarillo, permiten la circulación vehicular de tres días por semana, de acuerdo al último dígito de la placa, sea par o impar.

Multas por mal uso del salvoconducto o incumplimiento de la restricción vehicular.

Desde que inició el estado de excepción, se han implementado rigurosos controles por parte de las autoridades, para velar por el cumplimiento del decreto ejecutivo 1017, es así, que las autoridades encargadas de controlar el tránsito, se han encargado de velar por el cumplimiento de lo establecido en referencia a la restricción de circulación vehicular.

Lamentablemente, en la práctica, hemos podido observar que existe gran confusión de los servidores encargados de sancionar, pues al momento de notificar con la citación, la misma es elaborada por supuestamente contravenir lo establecido en el artículo 387 del COIP, que sanciona las contravenciones de segunda clase con una multa equivalente al cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada y la disminución de nueve puntos en la licencia de conducir del infractor, lo que no corresponde a la realidad, pues el incumplimiento del decreto ejecutivo no es una contravención de segunda clase y por lo tanto la citación elaborada de esa forma, carece de validez jurídica, por lo que debe ser impugnada ante la autoridad competente.

Esta confusión se ha generado en base a una resolución del COE Nacional, que en fecha 16 de marzo de 2020 manifestó que la sanción para las personas que incumplan la restricción de movilidad, será el equivalente a una contravención de segunda clase; es decir la sanción en un inicio sería similar a la contravención, pero en ningún momento se ha mencionado que se sancionará una contravención de segunda clase, pues la misma tiene sus propias conductas bien definidas y bajo ningún concepto se contempla esta situación de emergencia.

La sanción actual por el mal uso del salvoconducto, o el incumplimiento de la restricción vehicular, corresponde a cien dólares de los Estados Unidos de América y la retención del vehículo por cinco días, en caso de que la persona haya sido una sancionada por primera vez. Si la persona es sancionada en una segunda ocasión, la sanción es más fuerte, correspondiente al valor de una remuneración básica unificada y la retención del vehículo por cinco días. Finalmente, si existe una tercera infracción, se apertura una investigación por el ilícito tipificado en el artículo 282 del COIP, que sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de Autoridad competente.

Si bien el reglamento para la aplicación de sanciones por el incumplimiento del decreto ejecutivo 1017 no contempla la posibilidad de impugnación, la Constitución de la República en su artículo 76 numeral 7 literal m, habla sobre el derecho a la defensa, que contempla la posibilidad de impugnar las sanciones que afecten los derechos de una persona.

En conclusión, aquellas personas que han sido sancionadas por un supuesto incumplimiento del decreto ejecutivo 1017 y que en la citación notificada puedan observar una supuesta infracción al artículo 387 del COIP, tienen el derecho a impugnar, pues la citación presenta un error de forma que afecta su validez jurídica. Esto se podrá presentar una vez que el Consejo de la Judicatura disponga la reanudación de las actividades para el inicio de nuevas causas, así como la reanudación de los plazos.